El femicidio de Agostina Vega ha desencadenado una profunda crisis institucional en la Municipalidad de Córdoba, poniendo en jaque la continuidad del gabinete del intendente Daniel Passerini. La onda expansiva del caso no solo ha generado conmoción social, sino que ha obligado a una rápida respuesta política ante los presuntos vínculos de funcionarios municipales con el principal imputado, Claudio Barrelier.
Ante las consultas sobre la situación de Iván Contreras (exdirector general de Tránsito) y Eduardo Ramírez (exsecretario de Tránsito y Movilidad), debido a sus posibles lazos vecinales y de militancia con el acusado, el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, confirmó la salida de ambos funcionarios: “Están renunciados y están aceptadas las renuncias”.
Asimismo, el funcionario aclaró de manera taxativa que tanto Contreras como Ramírez no pertenecen a la planta permanente del municipio, lo que garantiza que su desvinculación de la función pública sea total e inmediata, en un intento por contener el impacto político que el caso ha generado en la estructura municipal.
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