A partir de este sábado 5 de septiembre comenzó a regir formalmente en todo el territorio nacional la Ley 27.801, un nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplaza al sistema vigente desde 1980 y reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La modificación central habilita que los adolescentes de 14 años en adelante que cometan delitos contemplados en el Código Penal sean sometidos a un proceso judicial y reciban condenas con privación de la libertad, aunque bajo un sistema especial orientado prioritariamente a la educación, la responsabilidad y la resocialización.
No obstante la puesta en marcha de la normativa, en los fueros judiciales advierten sobre la escasez de recursos y la falta de protocolos específicos para su correcta implementación. En paralelo, el esquema incorpora nuevas herramientas de seguimiento y penas alternativas para determinados casos, tales como restricciones de acercamiento, reparación del daño a la víctima, reglas de conducta y participación obligatoria en actividades educativas y comunitarias.
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