A partir del próximo 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país la Ley 27.801, una normativa que marca un giro histórico al derogar el régimen penal de menores vigente desde 1980 y habilitar el juzgamiento de adolescentes a partir de los 14 años.
El nuevo esquema establece estrictos límites punitivos, prohibiendo de forma expresa las penas de prisión o reclusión perpetuas y fijando un tope máximo de hasta 15 años de cárcel, incluso en casos de acumulación de delitos graves.
Asimismo, la legislación prioriza la aplicación de salidas alternativas y medidas no privativas de libertad —tales como tareas comunitarias o procesos de mediación penal—, consagrando el encierro carcelario estrictamente como última instancia dentro del sistema de justicia juvenil.
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